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Entre los primeros decretos aprobados por la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, formada en abril de 1810 para gobernar la Provincia de Caracas y presidir la confederación de Venezuela, se encuentran varios destinados al aumento del progreso y la prosperidad pública. El primero de estos decretos se publicó el 22 de junio de 1810 y consistió en la eliminación del cobro del impuesto de alcabalas a las producciones agrícolas locales, como cacao, añil, algodón, azúcar, papelón, cueros, cordobanes, queso, café, harina, quina, zarzaparrilla, achiote, vainilla, resina, bálsamos, aceites y maderas. Esta primera medida responde a un viejo anhelo de los agricultores criollos que demandaban mayores ganancias de la venta de sus productos. Seguidamente, el 14 de agosto de 1810, la Junta decretó la creación de la Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía, que tuvo por finalidad el fomento de las artes agrícolas y del comercio, así como la instrucción general de la población. En cuanto a la formación técnica, en el mes de septiembre de 1810 se acordó crear una Academia Militar de Matemáticas en atención a la “absoluta escasez que hay en estas provincias de sujetos inteligentes en las ciencias exactas”. La instrucción era gratuita y se aceptaba indistintamente a oficiales del ejército y estudiantes civiles entre 12 y 32 años.
