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El 24 de noviembre de 1948 se produjo la acción militar que desde hacía días se esperaba en Venezuela y el régimen democrático quedó interrumpido por decreto. Fue derogada la Constitución Nacional y fueron suspendidas las garantías ciudadanas, disueltos los poderes públicos, confinados a instalaciones militares el presidente Rómulo Gallegos y los ministros de su Gobierno, perseguidos los más altos dirigentes de Acción Democrática, impedida la circulación de órganos de prensa, allanados sindicatos y confiscados sus bienes eilegalizados partidos políticos cuyos militantes debieron pasar a la clandestinidad.
Ese día quedó entronizada la dictadura, bajo el pretexto de restablecer el orden en el país, según se afirmó, alterado por la política hegemónica conducida por el partido de gobierno. La unión cívico-militar que el 18 de octubre de 1945 se hizo cargo del poder surgió en virtud de un interés compartido por modernizar el país, más no por una comunión de principios básicos: la oficialidad insurgente se proponía depurar los viejos mandos para dar paso a nuevas concepciones institucionales como protagonistas del desarrollo nacional; el partido Acción Democrática tenía el objetivo de avanzar en la organización política por medio de la democracia representativa y el sufragio universal que le darían legitimidad en el control del Estado al convertirse en el grupo político dominante de la administración pública.
