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En 1787 un grupo de notables caraqueños fueron denunciados por el Capitán General de la Provincia de Venezuela, Juan Guillelmi, por haber constituido una junta o congreso que atentaba contra el poder establecido. Fue una reunión hasta la fecha por completo desconocida por la historiografía, pero que constituye un testimonio de primera mano para evaluar los significativos cambios que se estaban originando en el tejido socio-político venezolano en las últimas décadas del siglo XVIII.
La denuncia gubernativa en una sociedad en ebullición
Venezuela vivía en los años ochenta del siglo XVIII una etapa crucial de su configuración histórica con la concentración en Caracas de todos los poderes políticos, judiciales y fiscales de la provincia en manos de una burocracia peninsular ligada por lazos clientelares y que había convertido a Venezuela en un laboratorio de todas sus reformas. La Guaira fue, junto con Veracruz, las dos únicas excepciones al libre comercio con los puertos españoles. Incluso después de su apertura en 1785, los comerciantes vascos seguían monopolizando el grueso de su tráfico a través de los herederos de la Compañía Guipuzcoana, la Compañía de Filipinas y de otras casas de comercio de esa procedencia. La alianza entre la élite política y tales capas mercantiles era muy estrecha. En una época de eclosión de nuevos cultivos como el añil y de creciente presión fiscal, las tensiones con los sectores sociales disconformes con esa política, que habían estallado en la etapa inaugural de la intendencia de José Ávalos y en la rebelión de los comuneros, continuaban presentes en los años ochenta.
