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El 23 de julio de 1959, el Procurador General de la República, Pablo Ruggeri Parra, presentó ante la Corte Federal una demanda contra el general (r) Marcos Pérez Jiménez. Habían transcurrido 18 meses desde el 23 de enero de 1958, día cuando Pérez Jiménez abandonó el país. En el escrito se le señala como autor responsable de la comisión de cuatro delitos.
• Contra el patrimonio público
• Contra la libertad de las personas
• Contra la integridad física de las personas
• Contra la fe pública y los poderes públicos
El 30 de julio de 1959 se admitió la demanda, “por considerar que de los elementos de juicio aportados se desprendían fundados indicios de la culpabilidad del acusado”, ordenándose “la formación de la causa en contra del querellado”. Catorce días más tarde, la Corte dictó el auto de privación de libertad de Marcos Pérez Jiménez, y el 13 de agosto decidió “la procedencia de la solicitud de extradición”.
Pérez Jiménez, al irse del país en lamadrugada del 23 de enero de 1958, había permanecido por unas semanas en República Dominicana, pero luego se había asentado en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El 10 de noviembre siguiente, la Corte decidió aclarar lo que había establecido el 13 de agosto anterior, y casi dos años más tarde, el 21 de julio de 1961, Pablo Ruggeri Parra,
ahora Fiscal General de la República según lo pautado por la recién promulgada Constitución, introduce un escrito de ampliación de la demanda original. La Corte, ahora denominada Suprema de Justicia, admitió la solicitud de “ampliación”, indicando que los delitos imputados eran, de acuerdo al Código Penal:
• De peculado (artículo 195).
• De concusión (artículo 196).
• De corrupción de funcionarios (artículos 198 y 199).
